EL PAÍS.COM: Los padres y madres perderán su capacidad de decisión en colegios e institutos.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) lleva años recomendando la autonomía de los centros escolares como una de las más eficaces herramientas para mejorar los resultados educativos. Dicen que si los responsables de los centros tuvieran más margen para decidir qué y cómo enseñar, cómo gastar el dinero, elegir a los profesores e, incluso, negociar con ellos su sueldo, las cosas irían mejor. En España, han insistido en ello tanto los Gobiernos del PSOE como los del PP, pero, como siempre, con matices muy distintos y, por supuesto, condicionados por la realidad del país, por ejemplo, por la estructura funcionarial de los docentes de la escuela pública.
Así, la reforma que propone el Ministerio de Educación que dirige José Ignacio Wert hace una serie de propuestas en torno a esa idea de autonomía que levantarán, sin duda, importantes discusiones. Por ejemplo,
la que anuncia que los consejos escolares de los centros, donde están representados padres, profesores, alumnos (en los institutos de secundaria) y otros trabajadores, pasarán a ser meramente “consultivos”, dejando las funciones “decisorias” a los equipos directivos. En el ministerio han explicado que se trata de “clarificar” las funciones de cada uno para que todo funcione de forma más eficiente, pero la falta de concreción de la propuesta deja muchos flecos abiertos.
Sin embargo, algunos especialistas ven la idea inviable de raíz. “Creo que puede ser anticonstitucional limitar al asesoramiento las funciones del consejo escolar.
El artículo 27 de la Constitución Española establece que profesores, padres y alumnos intervendrán en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos”, recuerda el catedrático de Sociología de la Complutense de Madrid Rafael Feito. En todo caso, la discusión será si esa participación puede reducirse a la consulta.
Ahora mismo,
por los consejos escolares pasan las decisiones más importantes del centro, como la aprobación de presupuestos, los problemas disciplinarios, el visto bueno de los proyectos educativos o el control de los procesos de admisión de alumnos: no en vano se les define en la ley como órganos de gobierno. También tienen, junto al claustro de profesores, la última palabra sobre la selección del director del centro.
Los colegios concertados (privados subvencionados con dinero público) también están obligados a tener un consejo escolar con esas mismas competencias, lo cual ha generado muchas discusiones a lo largo de los años. En general,
las patronales de la concertada lo consideran una intromisión, más aún desde la última reforma legal de 2006, que incluyó entre los miembros del consejo a un representante del Ayuntamiento.
Los directores de los centros públicos, reunidos en la asociación Fedadi, se han venido quejando durante muchos años de la lentitud y las ineficiencias que este modelo significa para los centros. Sin embargo, su propuesta no es convertir en consultivos a los consejos escolares, sino que sean un “organismo de control”, de tal manera que los equipos directivos tengan capacidad para decidir en cada momento lo que consideren la mejor opción, pero luego se vean obligados a rendir cuentas al consejo escolar, explica el presidente de Fedadi, José Antonio Martínez.
Jesús María Sánchez, presidente de la confederación de padres y madres mayoritaria en la enseñanza pública,
Ceapa, señala que está dispuesto a debatir cambios en las competencias de los consejos escolares y en su composición, “pero no a renunciar a su capacidad de decisión pasando a ser solo consultivos”, señala por teléfono. Sánchez explica que, en la práctica, salvo en contadas ocasiones en que las decisiones han de ser por unanimidad, la voz cantante es del claustro de profesores, que cuenta con el mayor número de representantes.
De hecho, la queja de algunos directores se basa en que este reparto les hace muy difícil o casi imposible tomar decisiones que sean mínimamente impopulares para los docentes que dirigen, lo que también les ha llevado a cuestionar en alguna ocasión las funciones de los claustros de profesores. Estos, por ejemplo, pueden vetar una iniciativa para entrevistarse con los padres de los alumnos un mínimo de veces al trimestre.
“Se trata de un complicado juego de equilibros. Hay que intentar que las cosas funcionen rápido y bien, pero sin que los centros se conviertan en reinos de la arbitrariedad, sea de la administración, de los directores, del claustro docente o de los padres”, señala Martínez.
Así,
otra de las claves de este debate es quién elige al director. Pues si depende sobre todo del consejo escolar, los contras son los señalados más arriba; pero si queda solo al arbitrio de la administración, muchos temen que será el final de la autonomía de los centros, con directores completamente sumisos a las decisiones (buenas, malas o regulares) de las consejerías que les nombran. En el proyecto del ministerio solo se habla de que se valorará la experiencia para convertirse en director y de que podrán optar al puesto profesores de fuera del centro. Autonomía: ¿para quién?
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Samara Educación 
